Una reunión con el Contralor Regional Eduardo Díaz Araya, sostuvo este martes el
Alcalde de Coquimbo Marcelo Pereira, junto al Diputado Matías Walker y representantes
del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la Municipalidad porteña, instancia que
buscó avanzar en una solución para dar continuidad laboral a cerca de 800 funcionarios que
estaban contratados bajo la modalidad de prestación de servicios.
Durante el encuentro se concordó en que se dará un plazo de 6 meses para buscar
una solución definitiva, con la posibilidad de que cada trabajador pueda acreditar su
experiencia en el área en que desempeña labores o la actividad que desarrolla al interior del
Municipio.
Para el Alcalde Marcelo Pereira Peralta la reunión fue satisfactoria y la buena
noticia permitirá dar tranquilidad y continuidad laboral a los funcionarios. “Creo que fue
una reunión muy provechosa, nuevamente se ve la disposición del Contralor, él está a plena
disposición de subsanar toda la disyuntiva que se ha conversado durante estas semanas con
respecto a los 800 funcionarios que tienen la problemática de poder corroborar su
experiencia o continuidad dentro del Municipio… los funcionarios afectados no deben
tener miedo, porque se va a buscar la mejor solución para que cada uno de ellos pueda
mantenerse en su trabajo como lo ha hecho durante mucho tiempo”.
El Edil agregó que, “estoy contento que además nos hayan acompañado a esta
reunión, representantes de trabajadores, porque ya se armó una mesa de trabajo, salimos
todos muy contentos, porque hemos logrado que la Contraloría nos de 6 meses…este grupo
de personas seguirá trabajando en la misma modalidad de contrato que se tenía
anteriormente y así buscar la mejor solución para cada uno de ellos, que puedan acreditar la
experiencia según el tiempo y la actividad que están realizando nuestros funcionarios”.
Pereira reiteró que “a nuestros funcionarios les digo que estén tranquilos, estamos
trabajando arduamente, ya fijamos una nueva fecha de reunión y personalmente me voy
tranquilo, con mucha confianza y fe que esto va a terminar en un muy buen puerto, está la
disponibilidad, estamos trabajando en conjunto y cuando trabajamos unidos no tiene por
qué salir mal el objetivo principal que estamos siguiendo, cual es que nuestros trabajadores
tengan la tranquilidad de que van a continuar trabajando con nosotros y percibiendo su
sueldo, porque no son aquellas personas que están ganando millones, sino las personas más
humildes que mueven la municipalidad, aquellas que ganan 300 mil pesos e incluso menos.
El compromiso de este alcalde y de esta gestión municipal es luchar y pelear por nuestros
funcionarios municipales para que ellos tengan la tranquilidad y puedan trabajar en paz”.
Roberto Figueroa, Presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la
Municipalidad de Coquimbo, añadió que, “creo que es una medida justa y que
correspondía, vemos la voluntad de ambas partes, de la administración y de Contraloría,
realmente no se podía mantener a nuestra gente con ese grado de incertidumbre y
preocupación de que pueda perder su trabajo. En ese aspecto es satisfactoria la resolución
de Contraloría y para empezar a dilucidar y aclarar esta situación, es un buen comienzo”.
El Diputado Matías Walker por su parte manifestó que “fue una muy buena reunión
en la cual el Contralor dejó en claro que los prestadores de servicio que tengan una
experticia en una determinada área, dada ya por sus estudios o experiencia en un rubro que
sea adecuado para cumplir el principio de servicialidad que cumple el Municipio, y que fue
el argumento que le dimos, pueda ser contratado bajo esta modalidad. Hay un número de
más de 700 trabajadores en esta modalidad y una fiscalización que viene del año 2015, no
es una situación nueva y que se está dando a nivel nacional, pero Coquimbo es la primera
Municipalidad que forma una mesa de trabajo junto con las asociaciones de funcionarios
para cumplir plenamente con la Ley. Yo me ofrecí a ser parte de esta mesa, como miembro
de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y por ahora se dio un plazo de 6
meses para ver cada una de estas situaciones que efectivamente se ajusten a la legalidad”.